El desangre de Uniatlántico con el pago de reintegros y prestaciones sociales
En reintegros, pagos de prestaciones no reconocidas, malas liquidaciones y nuevos pagos por sentencias judiciales suman 65.195 millones de pesos.
José Granados Fernández
@JoseGranadosF
El pasado 28 de agosto, el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 17044, abrió una investigación preliminar contra la Universidad del Atlántico por irregularidades financieras, entre las que identificaron unas que llevan el llamativo nombre de “errores involuntarios”, detrás de los cuales, de acuerdo con lo conocido por Emisora Atlántico y Zona Cero.com, se tejió toda una telaraña de millonarios malos manejos administrativos.
Los primeros indicios en poder del Ministerio de Educación y la Contraloría Departamental del Atlántico indican que desde 2007 la UDEA ha sido escenario de toda suerte de decisiones administrativas erradas que -además de generar “estados financieros no confiables”, como dice la citada resolución- dieron pie a demandas por reintegros, pagos de prestaciones no reconocidas, malas liquidaciones y nuevos pagos por sentencias judiciales que hasta hoy suman 65.195 millones de pesos.
Además de tomar decisiones administrativas en las que, de acuerdo con los jueces, violaron el debido proceso de los trabajadores retirados, después, sospechosamente, en la Universidad volvieron a cometer errores en las liquidaciones, lo que dio pie a nuevas demandas y a nuevos pagos. “Este ha sido todo un carrusel que ha atentado contra los intereses del alma mater”, afirmó una fuente consultada.
En el pago de moratorios y prestaciones han descubierto tras las órdenes judiciales de reintegro terminaron dándose una serie de errores que a la fecha el Ministerio de Educación define como “involuntarios”, pero que pueden enredando penal y fiscalmente a los funcionarios encargados de dichos pagos.
Por ejemplo, los moratorios erradas solo en el caso de tres funcionarias sumaron 418 millones 884 mil pesos. A una de ellas le pagaron 132 millones 232 mil pesos más de lo que debía recibir; otra recibió 100 millones por encima de lo que era su verdadero pago y a una tercera le dieron 182 millones 562 mil pesos de más. Los nombres de estas personas no son suministrados para no entorpecer las investigaciones.
Han sido de tal grado las irregulares que un informe de la Contraloría del Atlántico señala que existe un listado de 82 personas a las que les repitieron el pago de moratorios, por lo que la cancelación de sentencias para la vigencia de 2016 aumentó a 6.058 millones de pesos.
Acciones de repetición
Pero el desangre no para allí: además de lo pagado, Uniatlántico enfrenta demandas laborales por otros 42.677 millones, por los mismos hechos que se remontan a la administración de la exrectora Ana Sofía Mesa con la desvinculación de unos 250 trabajadores.
A raíz de la investigación iniciada por el Ministerio de Educación, la nueva administración de la UDEA, en cabeza del rector Carlos Prasca, comenzó ante la Procuraduría General acciones de repetición, en busca de recuperar parte de los dineros mal liquidados, para lo cual envió una serie de documentos, que datan de 2014 a la fecha, para que el Ministerio Público revise las conductas de Ana Sofía Mesa y de los también exrectores Rafael Castillo Pacheco y Rafaela Vos Obeso; por estos funcionarios también indaga la Contraloría del Atlántico en posibles juicios de responsabilidad fiscal.
Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron que por los controles administrativos y financieros impuestos por el rector Prasca y por el proceso del Ministerio, sorpresivamente los funcionarios de Uniatlántico encargados por años de dichas liquidaciones decidieron separarse de tal labor alegando ahora que “no tienen el perfil” para desarrollarla.
Horrores y no errores
Mientras la pregunta sin respuesta que ronda la Universidad del Atlántico es cuánto más terminará costando la fallida restructuración administrativa de 2007, en el alma mater comenzaron a apretar los controles en materia de contratación; el pago de libranzas donde se mueven millonarios intereses y en las indelicadezas de funcionarios que aprovechando sus cargos ordenaban pagarse moratorios o reclamaciones que superaban los 600 millones de pesos.
“Las revisiones apenas comienzan y las sorpresas de los entuertos también”, dijo una fuente consultada sobre las anomalías en Uniatlántico, que definió como “horrores y no errores” lo que hubo en decenas de pagos ordenados.